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El agujero negro de la inclusión educativa

02/12/2020
La tesis doctoral de Lía Fernández analizó las percepciones de los docentes, de los gestores universitarios y de los estudiantes con discapacidad respecto a las políticas y a las prácticas inclusivas en la Universidad de la República.
El agujero negro de la inclusión educativa

“La inclusión educativa es el gran agujero negro de la educación terciaria”, opinaron los gestores educativos. “No se piensa en colectivo; falta tanto para que la inclusión sea una realidad”, detallaron los docentes de la Universidad de la República. “No hay un lugar para los discapacitados, no importa lo que te esfuerces”, consideraron los estudiantes con discapacidad. 

Esas solo fueron algunas de las declaraciones que Lía Fernández –egresada del Doctorado en Educación de la Universidad ORT Uruguay– recogió en su tesis doctoral, la cual analizó las percepciones de los docentes, de los gestores universitarios y de los estudiantes con discapacidad respecto a las políticas y a las prácticas inclusivas en la Universidad de la República (UdelaR).

De acuerdo a lo que expresó durante su defensa doctoral, “no hay una construcción colectiva”, ya que se atienden casos particulares, no existen propuestas orgánicas y cada servicio “hace lo que puede”: “La inclusión educativa referida a las personas con discapacidad está librada a la sensibilidad de las autoridades de cada facultad”.

“Si bien hay visiones diferentes, no se está cumpliendo, en general, con el derecho a la educación para los estudiantes con discapacidad”, sentenció Fernández.

“Las sociedades han tenido grandes dificultades para abordar el tema de la discapacidad. En la actualidad, hay miedos ancestrales que no han sido superados”

De la teoría a la práctica

A nivel internacional, desde los años 80, ha habido avances significativos en relación al desarrollo de la educación superior inclusiva y a la mejora de la calidad y equidad de los sistemas educativos para las personas con discapacidad. Uruguay es un país que se ha caracterizado por haber ratificado normativas internacionales para cumplir con los principios de una educación inclusiva.

Asimismo, a nivel nacional, existen diversas normas referidas a la temática. Por ejemplo, la ley n.º 18.651 de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, que garantiza “el acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo nacional con los apoyos necesarios”.

Pero, si bien están especificadas en la teoría, muchas de estas normativas se incumplen en la práctica.

Entonces, ¿por qué si están dadas las condiciones para la educación superior inclusiva predomina la no acción para los estudiantes con discapacidad de la Universidad de la República? Esa fue una de las preguntas que Fernández planteó.

“En el proceso de las políticas públicas, la etapa de la implementación es uno de los elementos que está fallando”, respondió.

“No queda en evidencia el cumplimiento de la legislación internacional y nacional. Si bien en el discurso de los gestores aparece como fundamental, en la práctica y en los hechos, no hay acciones concretas que demuestren esa adscripción a la norma legal”

La perspectiva de los estudiantes

“Nada está preparado para nosotros”, aseguraron los estudiantes con discapacidad que Fernández entrevistó, en su trabajo de corte cualitativo titulado La educación superior inclusiva en la Universidad de la República: percepciones de docentes, gestores universitarios y estudiantes con discapacidad acerca de las políticas y las prácticas inclusivas.

“Emerge de las entrevistas de los estudiantes la necesidad que tienen de mostrar, permanentemente, que son parte productiva de la universidad y de la sociedad”, destacó la egresada del Doctorado en Educación. Eso fue lo que pudo apreciar Fernández en la investigación que desarrolló entre los años 2014 a 2017 y que abarcó las sedes de Montevideo, Rivera, Salto y Paysandú de la UdelaR.

“Es reiterada la percepción de ser un rechazo y una carga para los docentes”, complementó y añadió que se sienten “no protagonistas”, lo que no les permite tener autonomía ni ser autogestores de sus propios tránsitos educativos.

Sin embargo, en comparación con los docentes y los gestores, los estudiantes son los que tienen las concepciones más actualizadas de la educación superior inclusiva. Además, conocen sus derechos y hacen reclamos a las autoridades. Tienen muy claras sus metas, son propositivos y buscan información. Pero, a nivel institucional y de acuerdo a lo que puntualizó Fernández, hay una falta de respuestas.

En relación a los aspectos que quedan por mejorar, los estudiantes resaltan la falta de sistematización en la universidad respecto a la temática de la discapacidad. También, si bien son conscientes del esfuerzo docente, identifican que falta formación para el trabajo con la diversidad.

“Cada vez la posibilidad de aprender depende menos de la capacidades que, supuestamente, le faltan a las personas y más de la situaciones educativas”, concluyó Fernández.

“No se contempla a los estudiantes como sujetos de derecho”
 

Un tema invisibilizado a nivel institucional

Según datos del Censo del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, más de medio millón de personas dicen tener alguna discapacidad y cerca de 50 mil son jóvenes. Asimismo, el Perfil de los Estudiantes de Grado establece que el 31 % de los estudiantes considera que tiene una discapacidad –ya que la pregunta que sondeaba sobre la temática de la discapacidad se dejó librada a la autopercepción de quién respondía–.

De acuerdo a las estadísticas básicas de la UdelaR –y tal como detalló Fernández– no se conoce la relación ingreso-egreso, ni la matriculación en los servicios, ni la permanencia, ni el rendimiento de los estudiantes con discapacidad. Por lo que no hay sistematización y seguimiento: “Se desconocen las barreras que presenta esta comunidad dentro de los servicios universitarios”.

“La educación inclusiva no ha permeado en la Universidad de la República”, afirmó Fernández, quien subrayó que es un tema que sigue invisibilizado. Y enseguida agregó: “No nos hemos hecho cargo de la educación inclusiva; no se ha discutido”.

En sus palabras, eso genera un círculo vicioso: si no hay discusiones, nunca van a haber propuestas que sean universales e institucionales –y van a permanecer opciones fragmentadas–.

Otra de las problemáticas que Fernández encontró fue la “relativa pasividad” de los gestores educativos, que manifestaron su desconocimiento y declararon no saber dónde están los estudiantes con discapacidad. Pero, a su juicio, la educación superior inclusiva es “un pendiente de la Universidad de la República y una responsabilidad de todos los gestores”.

No obstante, tras estudiar la situación de la inclusión en diversos puntos de Uruguay, Fernández concluyó que Paysandú es el mejor centro en la materia. La razón está en que cuenta con ascensores con braille, baños para personas con discapacidad, una entrada accesible. “Tienen otra concepción; allí estaban los docentes que tenían mayor conocimiento sobre la educación superior inclusiva”, precisó.

“Hay ausencia de criterios comunes, falta de formación docente y las acciones implementadas en cuanto a la educación superior inclusiva no son una respuesta a una política institucional permeable a toda la Universidad”

El papel de los docentes

Soledad, angustia y falta de respaldo institucional son algunos de los sentimientos que experimentan los docentes, tal como se lo transmitieron a Fernández.

“Yo tengo un estudiante con discapacidad auditiva y yo no sé si estoy haciendo bien las cosas, ¿quién dice que estoy enseñando bien?”, le comentó un docente, en una entrevista.

Los profesores se suelen enterar que tienen un estudiante con discapacidad el día que empieza el curso. Por esa razón, reclamaron una mayor sistematización, articulación y coordinación.

También hay una falta de información respecto a la educación superior inclusiva –y su implementación en la educación superior–, así como una ausencia de formación docente específica para trabajar con la diversidad. Esto se debe a que, según señaló Fernández, no se necesita formación en pedagogía ni en didáctica para poder dar clases en la UdelaR.

Y, en consonancia con ello, en los docentes surge –de forma reiterada y muy manifiesta– la demanda por la formación: “Es uno de los puntos álgidos”.

La autocrítica que hacen los docentes, según especificó durante su defensa doctoral, “es muy fuerte”, aunque “se deposita en el docente una responsabilidad que es de todos”.

De todos modos, aclaró Fernández, los docentes son los “más proactivos”: “A pesar de no tener formación, son los que promueven el aprendizaje y contribuyen a generar ese ambiente”.

“El mayor desafío de la Universidad de la República es el desarrollo de prácticas de formación”

¿Por dónde empezar?

Problematizar el discurso educativo oficial, profundizar el análisis de la educación superior inclusiva, reflexionar sobre la obsolescencia de los contenidos y de la rigidez pedagógica, son algunas de las sugerencias que Fernández planteó.

Mirar otros ejemplos y ver qué se está haciendo en otras partes del mundo: crear una guía de buenas prácticas inclusivas es otra de las líneas en las que trabajaría. Es que, según manifestó, en Uruguay no hay un documento de ese estilo y “debería haber, como en los países en los que ha habido un avance sobre la educación superior inclusiva”.

“El discurso va por un lado y las prácticas van por otro”, sentenció. Por esa razón, a su juicio, habría que “tender puentes”. “Tenemos que empezar a trabajar con los docentes sobre educación inclusiva: sobre qué significa y cuáles son los impactos”, ejemplificó.

Mejorar la inclusión educativa no trae beneficios solo para los estudiantes con discapacidades, sino para toda la comunidad de estudiantes y docentes. En ese sentido, Fernández sostuvo que, cuando se mejoran las prácticas de la educación superior inclusiva referida a la discapacidad, “se mejora todo el sistema educativo”.

“Todas las personas pueden aprender bajo condiciones pedagógicas adecuadas”, finalizó.

 

Defensa de tesis doctoral de Lía Fernández - Noviembre 2020

Lía Fernández obtuvo su título de Doctora en Educación, luego de defender su tesis, el miércoles 18 de noviembre de 2020, en el auditorio del Campus Centro.

La Dra. Mariela Questa-Torterolo –docente y tutora de postgrados del Instituto de Educación–, la Dra. María Ester Mancebo –directora de tesis del Doctorado en Educación del Instituto de Educación– y la Dra. Lea Vezub –investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires– fueron los miembros del tribunal.

La Dra. Adriana Chiancone, directora de tesis del Doctorado en Educación, y el Dr. Eduardo Rodríguez Zidán, docente e investigador del Instituto de Educación, se desempeñaron como los directores de la tesis de Fernández.