Gobernanza en la Educación Chilena y Uruguaya

9 transformación del sistema educativo le quitó poder a ciertos actores (por ejemplo al estado) dándoselo a entidades nuevas en el proceso de gestión y provisión de educación (como ser las municipalidades y el sistema privado). La experiencia chilena es un ejemplo de un sistema educativo basado en subsidios a la demanda, donde las escuelas (privadas y públicas) reciben subsidios dependiendo del número de alumnos matriculados. Esta política de financiamiento compartido incentivó la expansión de proveedores privados (Bogliaccini y Filgueria, 2003). El objetivo principal de este cambio de modelo fue aumentar la libre elección de los padres - a través de la competencia entre escuelas- y así mejorar la calidad del servicio educativo (Mizala, Romaguera y Ostoic, 2005). Este modelo le ha otorgado gran importancia al Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) gestionado por el Ministerio de Educación, un sistema que busca garantizar los derechos de padres/consumidores a elegir entre unidades educativas compitiendo libremente en el mercado con mínima intervención del gobierno central. Uruguay ha seguido un camino divergente en relación a Chile. Desde la vuelta de la democracia en 1985, han sido varios los intentos fallidos tendientes a profundizar la descentralización. El sistema educativo funciona de una manera extremadamente centralizada y jerárquica. Todas las decisiones, desde asuntos administrativos a marcos curriculares, se toman en la capital, Montevideo, y son aplicadas uniformemente en todo el país. Este modelo centralizado ha sido definido como u n sistema “deslocalizado”, ya que todos los roles administrativos, gerenciales y administrativos están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es el principal organismo a cargo de la regulación, provisión y evaluación de los servicios educativos en el país. Hasta el momento, el sistema de evaluación nacional ha facilitado la concentración de autoridad a nivel central. A pesar de evaluar regularmente a las escuelas tanto públicas como privadas, ha privilegiado el análisis de factores socioeconómicos del desempeño estudiantil, sobre otras variables como la gestión escolar o la eficiencia interna del sistema educativo. La mayoría de los centros educativos del país son públicos y gestionados por el gobierno, en contraste con un sector privado que reúne al 15% de la matrícula de la educación básica. El debate sobre la municipalización y los subsidios al sector privado ni siquiera se ha planteado en la agenda pública. La educación privada no recibe ningún tipo de subsidio directo y su presupuesto está