Gobernanza en la Educación Chilena y Uruguaya

8 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIOS NACIONALES En la siguiente sección caracterizaremos brevemente cada uno de los casos nacionales específicos en estudio, Chile y Uruguay, específicamente en términos de su gobernanza educativa, objeto de estudio del presente proyecto. Haremos esto para comenzar a evaluar, primero de manera teórica y luego empírica, la forma en que dif erentes “regímenes” educativos han brindado diferentes arreglos institucionales que han impactado sobre la manera en la que operan los sistemas educativos. Debido a la complejidad de cada uno de los casos presentes, el análisis se aplicará mayoritariamente a las últimas tres décadas (desde la transición a la democracia), con énfasis en las reformas de los procesos educativos ocurridos en la década de los 90. Al igual que en el resto de América Latina, Chile y Uruguay han desarrollado intensas reformas educativas adoptando estructuras institucionales divergentes. Esta sección presenta una categorización general de ambos países en lo referente a sus instituciones educativas para ofrecer un panorama de sus principales diferencias. La presente investigación se centra en la gobernanza educativa, la cual puede definirse como la compleja interacción entre las instituciones, normas, reglas y valores existentes (GDN: 2009). Esta miríada de factores compone el tramado institucional que da forma a las relaciones entre diferentes actores (y sus intereses) en el proceso de definir la agenda pública en educación. Chile estableció uno de los sistemas descentralizados más extensivos de los países latinoamericanos. La transformación tuvo lugar en los años ochenta bajo el gobierno militar e implicó la transferencia de responsabilidad de las escuelas a los distritos municipales. La principal característica de este proceso fue la transferencia de responsabilidad administrativa por las escuelas públicas (inicialmente el 87%) a las municipalidades (Gershberg y Meade, 2006; Aedo, 2003). La presunción detrás de la reforma educativa era permit ir “una mayor rendición de cuentas por los clientes educativos” (Burki, Perry y Dillinger, 1999 enMeade y Gershberg, 2006) El Ministerio de Educación (MINEDUC) es responsable del financiamiento del servicio, la definición, aprobación y supervisión de las políticas educativas, la distribución de textos y la evaluación de logros educativos. Las municipalidades están a cargo de la administración de las escuelas públicas. Esta es la razón por la cual Cox (2007) se ha referido a esta estructura como una “dicotomía fijada por ley”. Este profundo proceso de ree structuración a favor del mercado del sistema educativo chileno representó una transición de la matriz estatal de provisión de servicios (el clásico “Estado docente”) hacia un modelo descentralizado de subs idios a la demanda, volviéndose el paradigma de transformación liberal de la educación tanto para los defensores como para los detractores (Rhoten, 2004; García Huidobro y Cox, 1999). Esta profunda